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El cuarto poder y la moral impertinente

Con la nominación de la licenciada Maite Oronoz Rodríguez a la vacante de nuestra Curia Suprema, se ha desatado el funesto pero ya acostumbrado espectáculo de opinión popular –estelarizado por su primo, hermana, sobrino, vecina, compañero de trabajo, y hasta el que se para al lado suyo en la fila del banco– todos y todas orgullosos/as de ejercitar a plenitud la primera enmienda de la constitución norteamericana.

El problema es que en el ejercicio desmedido de articular una opinión, pudiera aflorar la ignorancia, la desinformación, y la ofuscación de aquellos individuos que rechazan la metamorfosis social de los pueblos, minando cualquier sentido de solidaridad colectiva que muchos aspiramos alcanzar.

Hoy día, donde más vemos ese ejemplo, es en personas que se refugian detrás del manto de una convicción para atrincherar sus prejuicios y mancillar a todo aquel que opine distinto.

Lo que debió haber sido una noticia alentadora, el nombramiento de una joven abogada que se ha atrevido a asumir la responsabilidad de servirle a un país en plena crisis, forjando el derecho desde una óptica más lozana, se ha tornado en la comidilla del momento, fomentada por la segregación, el clasismo, y la homofobia que lastimosamente impera en nuestro pueblo.

El titular jamás debió haber ido dirigido a destacar la preferencia sexual de la nominada, pues ese enfoque precisamente abona a la división que tanto aparentamos querer erradicar.

Esos titulares colocan en un lugar muy precario al cuarto poder del país. El poder responsable de transmitir la información a un pueblo se convirtió momentáneamente en portavoz de la discriminación y la falta de sensatez, resaltando por encima de las capacidades de la nominada, el asunto de con quien se acuesta.

El poder fiscalizador no encuentra quien lo fiscalice cuando hace una labor irresponsable y le hace flaco servicio a un trabajo honesto de periodismo real, el cual están obligados éticamente a cumplir. Unos por exceso de moralidad y otros por falta de ética profesional.

Solo imagine lo absurdo que sería insertar en una reseña noticiosa que determinado funcionario electo es zurdo, o “abiertamente” vegetariano. Así de estúpida se ha tornado esta discusión, inyectada por la pintoresca aportación de esos siervos y siervas del Señor, que abruman a cualquiera con su bagaje moral y vertical.

Y es que el problema no radica en la postura de estos profetas de la Palabra, más bien, descansa en la conducta que asumen estos instrumentos de Dios, quienes, inexplicablemente, destilan el odio y rencor que el Divino Creador procuró que nosotros aprendiéramos a rechazar. A veces parece que estas personas pudieran justificar que se le quite el derecho al voto y la libertad de expresión a las mujeres, porque en Corintios mandaron a las mujeres a callar en las congregaciones.

A través del tiempo las sociedades hemos reconocido unos derechos, que aunque no se validan a diario, están presentes y componen un capítulo importante en nuestra historia. De ahí surgen los cambios en la política pública que permiten que hoy en España no se penalice a una mujer por usar un traje de baño de dos piezas; que en Birmingham no se utilizan mangueras de presión en las calles para “limpiarlas” de los niños negros; o que Benedicto y el Estado Vaticano “autorizaron” el uso de profilácticos. Estos son ejemplos fehacientes de cómo toda postura está expuesta a la transformación, pues los ciudadanos y ciudadanas, como agentes de cambio social, estamos llamados a observar y respetar la divergencia de criterio, sobre la cual nace y se fundan los cimientos de las generaciones que precedimos.

Contrario a la monarquía española, que tiene que aguantar al próximo en línea cuando el longevo abdica, usted que me lee puede hacer algo para remediar ese triste escenario que ha matizado las generaciones de las últimas cinco décadas. Atrevámonos a asumir nuestra responsabilidad, y así, tal vez algún día, serán menos los que lloran a un carismático animador porque le aplicaron la ley y le tocó afrontar la justicia.

Héctor R. Arroyo-Aguilar / Para MPRnoticias
Héctor R. Arroyo-Aguilar / Para MPRnoticias
El autor, abogado y notario, es presidente de la Comisión de Derecho Laboral y de la Delegación de San Juan del Colegio de Abogados de Puerto Rico. También pertenece a la Federación Interamericana de Abogados, así como a la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas de Madrid, España. Pueden enviar sus dudas y comentarios a: consulta@arroyoaguilarlaw.com
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