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Cámara aprueba con enmiendas proyecto de consulta de estatus

San Juan, 1 feb (INS).- La Cámara de Representantes aprobó anoche el Proyecto del Senado 51, que propone la celebración de una consulta de estatus para el próximo 11 de junio.

A través de la medida se establece la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico en cumplimiento con las reglas para la realización de consultas electorales conforme la propuesta del gobierno federal (Ley Pública 113-76 de 2014).

El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara, José Aponte Hernández, presentó al pleno un informe favoreciendo la medida.

En sus planteamientos, el legislador validó que se está dando la oportunidad de aprobar una legislación “clara y directa a través de un evento histórico que trascenderá de manera extraordinaria, compatible con las leyes y la política de Estados Unidos y con el Derecho Internacional”.

La pieza sufrió enmiendas para atemperarla a lo sugerido por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en vistas públicas y a la definición del Estado Libre Asociado (ELA) para que sea la misma de la consulta del 2012.

Entre los cambios en el contenido, surgen como opciones en la papeleta “estadidad” y “libre asociación/independencia” (en un principio establecía como opción la “anexión” y “soberanía separada de los Estados Unidos”). Bajo esa alternativa, la ciudadanía americana estaría sujeta a negociación con el gobierno de los Estados Unidos.

Igualmente, la pieza destaca que en caso de salir favorecida la segunda alternativa durante la consulta electoral, quedaría automáticamente convocado un referéndum para el 8 de octubre del presente año, en el que los electores podrán escoger entre las alternativas de “libre asociación” o “independencia”.

Durante su turno sobre la medida, el presidente cameral, Carlos Johnny Méndez Núñez, subrayó que “el informe de Casa Blanca del año 2011 define claramente lo que es la estadidad, lo que es la independencia y lo que han defendido compañeros del Partido Popular Democrático”.

Aclaró que “empieza diciendo que la libre asociación es un tipo de independencia. Ellos se amarran en la ciudadanía americana, pero el mismo informe de Casa Blanca dice que ‘la libre asociación produciría un Puerto Rico independiente, con una estrecha relación con Estados Unidos, similar en ésta al estatus de la república de las Islas Marshall, los estados federados de Micronesia y la República de Palau”.

Agregó que “Estados Unidos proporcionaría defensa y diversos tipos de ayuda económica a estos países, y ejerce control de su defensa y seguridad política. Los ciudadanos pueden trabajar y asistir a instituciones educativas en Estados Unidos, pero no son ciudadanos estadounidenses. La esfinge habló”.

Entre las medidas sometidas que fueron aprobadas por el Cuerpo, figuran la Resolución Concurrente de la Cámara 5, que solicita al Congreso de Estados Unidos trato igual para Puerto Rico y su inclusión inmediata en programas de ayuda federal designados exclusivamente para los estados, “en tanto se da la admisión de Puerto Rico como el nuevo estado de la Nación”.

Y la Resolución Concurrente de la Cámara 3, cuyo propósito es solicitar al Congreso de Estados Unidos que legisle para extender los beneficios del Programa Federal Lifeline a todos los veteranos de las fuerzas armadas.

Fue favorecida, además, la Resolución Concurrente de la Cámara 13, de Méndez Núñez, para expresar el más enérgico apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a toda gestión realizada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dirigida a lograr la paridad de fondos en los programas “Medicaid” y “Medicare”.

Esto, sin limitarse a la orden ejecutiva 2017-12, que crea el Grupo de Trabajo Multisectorial, con el objetivo de identificar y establecer estrategias para lograr la paridad de fondos en dichos programas.

Aparte, fue aprobada la Resolución de la Cámara 73, que ordena se investigue la compraventa de la Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. (Indulac) por parte de la Cooperativa de Productores de Leche (Coopple).

El representante José “Pichi” Torres Zamora, autor de la legislación junto al presidente cameral, señaló que uno de los principales argumentos para la oposición a la compraventa es la interrogante sobre un conflicto de interés entre los participantes de esta transacción.

Por lo tanto, se sugirió investigar los procesos, manejo, participación de funcionarios y disposición de bienes públicos con relación a los activos de Indulac en la compraventa. INS

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