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Moverán Consejo de Educación al Departamento de Estado

San Juan, 21 feb (INS).- Transcurrido un mes de presentado ante la Legislatura, el Plan de Reorganización número 4 —mediante el cual se transfieren algunas funciones del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) al Departamento de Educación y otras se “externalizan”— continúa en el limbo, donde estará por un tiempo después que el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y luego el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, lo retirasen.

Información proveniente de La Fortaleza indica que, si no se adscribe finalmente a Educación, podría ser cobijada en el Departamento de Estado, donde hay otra serie de programas de licenciamiento.

Incluso, se ha llegado a analizar si el CEPR debe ser movido al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Este plan 4 ha sido, hasta ahora, una piedra en el zapato de la administración. Ni siquiera la secretaria de Educación, Julia Keleher, está al tanto del destino del CEPR y, a recientes preguntas de la agencia Inter News Service (INS), evidenció que solo espera a que otros decidan.

En ese momento, durante una presentación a la prensa del plan para transformar la educación, el gobernador Rosselló Nevares dijo que aun se analizaba el destino del CEPR, aunque dejó entrever que las tareas de acreditación se “externalizarán”, pues así se hace en casi todos los estados.

“Externalizar” significa que el gobierno se deshace de esas funciones para que las realice la empresa privada, que es distinto a “privatizar”.

Ahora, supo la agencia INS, se analiza si lo que reste del CEPR se envía al Departamento de Estado.

En conversación la semana pasada con INS, Keleher negó que el presidente de la Cámara de Representantes haya retirado de su consideración el plan 4 por un problema de planificación, ya que la Legislatura tenía ante si, simultáneamente, el proyecto de transformación educativa, que todavía se analiza.

Sobre detener el plan de reorganización del CEPR), explicó que “si les parece (a la Cámara) más razonable que la gente quería un solo proyecto, me parece bien”.

Descartó que haya sido un problema de planificación, “más bien hay varios elementos que tienen que ver con el gobierno y hay unas interconexiones dentro de ese trabajo, y al empezar a correr todo ese programa que era de reorganización del gobierno, se tocó el tema del Consejo, (y) surgieron las preguntas”.

Sobre el CEPR, sin embargo, su composición y descomposición, Keleher se mostró evasiva. Los planes de reorganización no pueden ser enmendados por la Legislatura. De necesitarse cambios se requerirá que el ejecutivo someta el plan nuevamente.

Keleher ha acudido a la Legislatura a defender su proyecto de transformación educativa, el Proyecto de la Cámara 1441 (Ley de Nuevo Modelo Educativo para el Puerto Rico del Siglo XXI), que incluye las escuelas charter, los vales educativos para estudiar en colegios privados y la libre selección de escuelas.

Con el plan 4, según se sometió, sería a Educación, mediante la nueva división que se crea —el Programa de Evaluación y Licenciamiento— al que le correspondería evaluar y licenciar las escuelas privadas y públicas, una función altamente técnica que hasta ahora desempeña con autonomía el CEPR.

La Asociación de Escuelas Privadas ya levantó la voz de alerta en torno a este plan pues el Departamento de Educación, que es su competidor por la matrícula estudiantil, las evaluará y licenciará.

Este conflicto de interese ya fue levantado en 1993 como razón gubernamental para dividir al entonces Consejo de Educación Superior, que tenía dos cabezas: ser la junta de síndicos de la Universidad de Puerto Rico, y el ente que evaluaba y licenciaba las universidades privadas y públicas.

El entonces gobernador Pedro Rosselló González, padre del actual mandatario, sometió el proyecto para deslindar las funciones.

Igualmente, al ahora estar el CEPR bajo el Departamento de Educación y ser uno de sus organismos, se estaría evaluando y licenciando a sí mismo, y a las escuelas privadas.

Lo que actualmente es el Área de Licenciamiento y Acreditación (ALA) del CEPR se convertirá, según el artículo 5 del plan 4, en el Programa de Evaluación y Licenciamiento, adscrito a Educación, para realizar funciones previamente atendidas por el Consejo de Educación.

“Este Programa contará con un Comité de Evaluación y Licenciamiento compuesto por tres miembros a ser nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado”, establece la medida. En el CEPR actual hay nueve consejeros.

La ley vigente encomienda a ALA “atender los procesos de otorgamiento de Licencias de Autorización y Licencias de Renovación a las Instituciones de Educación Básica (IEB) e Instituciones de Educación Superior (IES), así como para atender las acreditaciones que hayan sido solicitadas por las IEB”.

Además, es responsable de emitir certificaciones que validan los grados conferidos por las instituciones de educación autorizadas mediante la Licencia del CEPR a solicitud del ciudadano o la entidad interesada.

El Departamento de Educación también heredaría atender las instituciones denominadas Iglesias-Escuelas, al amparo de la Ley 82 de 1995.

El requisito de licenciamiento es obligatorio en Puerto Rico para instituciones de educación privadas y públicas.

El plan 4 propone transferir, traspasar, agrupar y consolidar las funciones de conservación y custodia de los expedientes académicos de instituciones que hayan cerrado operaciones.

También se propone un modelo donde la Institución de Educación Básica certifique ante el Departamento de Educación su cumplimiento con unos requisitos a ser establecidos mediante legislación.

El requisito de autorización de las Instituciones de Educación Superior se mantiene con aquellos contenidos en el anterior plan de reorganización 1 de 2010, “pero dicha autorización será emitida por el Comité” de tres personas a establecerse.

El gobierno proyecta ahorros de 8 millones de dólares en su primer año y sobre 40 millones durante la vigencia del plan fiscal.

Con el plan 4, la secretaria de Educación también asumirá la responsabilidad de custodiar los expedientes que transferidos provenientes del extinto Consejo de Educación de Puerto Rico.

Otro problema que se plantea es que ahora las universidades privadas serán evaluadas por una dependencia que supervisa la Secretaria de Educación, quien su vez es miembro ex oficio de la Junta de Gobierno de la UPR. INS