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Endurece la estrategia el gobierno ante la junta de control fiscal

San Juan, 4 abril (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares intentó explicar hoy que las estrategias de su administración no son “un frente contra la junta” (de control fiscal), sino “a favor de defender a Puerto Rico”, minutos después de que el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz diera paso a la aprobación de una resolución concurrente que le ordena al Departamento de Hacienda no desembolsar fondos para esa entidad.

Al final de una conferencia de prensa hoy, sin embargo, el gobernador ya no descartaba nada para enfrentar a la junta.

La Junta de Supervisión Fiscal (llamada comúnmente Junta de Control Fiscal) es un organismo extra constitucional adosado por el Congreso al Estado Libre Asociado para que se encargue de supervisar las finanzas públicas, certificar los planes fiscales y hacer recomendaciones, así como actuar a nombre del gobierno en las negociaciones con los bonistas de la deuda pública.

Sin embargo, el gobierno denuncia, luego de que sus planes fiscales fueran rechazados por la JCF, que esta se extralimita en sus poderes y pretende establecer la política pública de gobierno, lo que no está contemplado en la ley federal que crea ese organismo parasitario de las finanzas estatales.

Ante el choque por jurisdicción, que ya involucra al creador de la medida, el representante Rob Bishop, quien apoya la Junta, el Senado aprobó hoy de manera unánime la Resolución Concurrente 215 “para que durante el año fiscal en curso y los próximos dos el Departamento de Hacienda no realice los desembolsos por concepto de pagos, salarios, gastos operacionales y/o contratación de servicios destinados a la Junta”. La medida fue introducida por el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

Rivera Schatz sostuvo que con la aprobación de la pieza legislativa el Senado cumple su deber ministerial de velar por los intereses de Puerto Rico. Sin embargo, anticipando posibles críticas y de que sea un ejercicio “fútil”, el dirigente senatorial argumentó que la “responsabilidad nos toca a cada uno de nosotros y no depende de la opinión de la acción o inacción de otros”.

“Lo cardinal es el mensaje que queremos enviar desde aquí para que claramente entiendan que no nos doblegamos, respondemos a la gente que nos eligió y defendemos a los ciudadanos puertorriqueños y a los ciudadanos americanos que viven en la Isla. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Congreso y la propia Casa Blanca, en ocasiones movidos por reclamos y por defensas que han hecho sectores de la población, han cambiado su curso de acción y han recapacitado.”, comentó al defender la medida.

La estrategia, sin embargo, aunque difiere por su frontalidad con la estrategia del gobernador, no fue descartada por este durante la conferencia de prensa que sostuvo en el Capitolio junto a los dirigentes legislativos y legisladores. Todos estos mantuvieron minutos antes una reunión en la que Rosselló Nevares les informó sobre el nuevo plan fiscal que someterá mañana jueves a la JCF.

Sobre la controversial resolución, el gobernador indicó que respeta la facultad de la asamblea legislativa “para expresarse y para establecer sus puntos de vista y su visión”. Más adelante, a medida que la prensa insistía en que Rosselló Nevares se posicionara en torno a la Resolución, el gobernador fue explicando que “su enfoque” es que la JCF “no usurpe los poderes” del territorio de Puerto Rico, y que no les corresponde en ley.

“No tenemos que hacer mas nada en este momento. Lo que tenemos que hacer es dejarle saber a la Junta de Supervisión Fiscal, que no tienen esos poderes”, afirmó.

Aunque insistió en que “en este momento” ese es el enfoque, “de cara al futuro”, dijo al final de cuentas, no descarta ninguna estrategia, que incluye la de no otorgarle los fondos para las operaciones de la JCF.

Ante preguntas sobre si hay miedo a que la JCF, por esta controversia, levante el Título III, el gobernador se mostró impaciente. “¿Por qué aquí vamos a tener miedo?”, dijo, si se está defendiendo la democracia, la dignidad. “El que tenga miedo que se vaya para su casa”, agregó. Indicó que “estamos en el lado correcto en principio y en el lado correcto de la ley”, aseguró. “No hay nada de miedo, sí hay consecuencias”, dejó ver. Este exhortó a los miembros de la junta a que recapaciten y no certifiquen un plan “que saben” que no se ejecutará.

Para Rosselló Nevares, las exigencias de política pública de la junta, “y que no van a ir a ningún lado”, van a retrasar el proceso. Son un “gran obstáculo” puesto que no es un plan “certificable y ejecutable”.

“Se trata de imponer con poder bruto una serie de medidas de política pública que no van a pasar”, ni por la Asamblea Legislativa ni La Fortaleza. La Mansión Ejecutiva contó 48 exigencias, las de índole fiscal se han considerado, no así las de política pública que ya se habían discutido con la junta y no se habían aceptado.

Minutos antes, Rivera Schatz había denunciado en el pleno del hemiciclo senatorial que “si hay alguien que defienda la Junta lo exhorto a que nos diga si el sueño americano y si los principios de libertad y democracia que inspiraron la creación de la nación norteamericana aceptan como bueno que la directora ejecutiva de la JSF gane $650 mil con todos los beneficios de lujo posibles y que viva a expensa del pueblo de Puerto Rico mientras se pretende eliminar un bono (de Navidad) al trabajador de la empresa privada o del gobierno. También, reducir su jornada o eliminarle sus vacaciones. Que se atente contra los servicios médicos, de educación y de vivienda del pueblo puertorriqueño. Si alguien puede defender los sueldos y el gasto en contrato de consultores y miembros de la Junta radicaran tarde sus informes financieros y éticos”.

Sobre el nuevo plan fiscal a someterse mañana ante la JCF, el gobernador reiteró su política pública de reforma educativa, nuevo modelo contributivo, eliminación de los obstáculos burocráticos para hacer negocios, evaluar los resultados de los créditos contributivos a las empresas, reforma estructural energética y de un nuevo marco regulatorio, reforma de salud.

Señaló que el “baseline” (marco económico) del nuevo plan fiscal cambió, aunque no especificó. Rivera Schatz y el presidente de la Cámara de Representantes apoyaron el nuevo plan fiscal del gobernador, así como el presidente de la Federación de Alcaldes Carlos Molina, alcalde de Arecibo.

“Aquí estamos unidos de manera unánime para trabajar por Puerto Rico, como lo hemos hecho ante los retos que tenemos. Pero también para atender los principios de una democracia sana y para defender a los puertorriqueños ante cualquier abuso o medida abusiva que se puede implementar (por la JCF). Que sepa todo el mundo, nuevamente, estamos dispuestos a trabajar, pero se traza una línea, si se cruza esa línea, donde se trata de usurpar los poderes del gobierno electo de Puerto Rico, ninguna de las medidas que se estarían certificando o contemplando, van a pasar”, planteó el gobernador.

“Si el Congreso cree que la Junta es tan necesaria pues que la paguen ellos. Cien millones de dólares para Mr. Bishop deben ser una carretera en su distrito”, añadió el portavoz senatorial Carmelo Ríos Santiago, al informar que el ente federal cuesta más que el Senado y la Cámara de Representantes juntos. INS