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Proyecto del “vigilante senatorial” conduciría a la Comisión de Etica

San Juan, 14 may (INS).- La medida legislativa que crearía la “Policía Ambiental del Gobierno de Puerto Rico” presentada la semana pasada causó en algunos senadores cierta inquietud que, algunos temen, podría dilucidarse finalmente ante la Comisión de Etica del propio Senado, según fuentes de la agencia Inter News Service (INS).

El Proyecto del Senado 953 transformaría el actual Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en un cuerpo del orden público con muchas de las funciones que tiene la policía estatal al ampliar sus funciones, inclusive en otras agencias, como el Departamento de Salud.

Un senador, que prefirió mantenerse en el anonimato porque si se citara el caso en la Comisión de Etica tendría que pasar juicio sobre alguna querella, indicó que él y un compañero senador se preocuparon porque el proponente del proyecto, senador del distrito de Ponce del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nelson Cruz Santiago, es de profesión “vigilante” y goza de una licencia de su trabajo durante sus funciones senatoriales en el Senado.

De hecho, el lema de Cruz como político es “tu Vigilante en el Senado”, según se aprecia en su página oficial en el Senado y en las redes sociales.

El senador Cruz Santiago habría presentado un proyecto de ley que lo beneficiaría a él mismo al momento de regresar a su profesión de carrera.

El senador que habló bajo condición de anonimato sostuvo que el Código de Etica del Senado previene los conflictos de intereses.

Este citó la sección 4. Normas de conducta, cuya sección h) señala que “los senadores no llevarán a cabo acciones o actividades que los coloquen en un conflicto de interés o que ofrezcan la apariencia de este”.

Mientras, la sección k) indica que “ningún senador participará, a sabiendas, en procedimientos legislativos relacionados con asuntos en los que tenga interés personal o que puedan producirle un beneficio económico, bien directamente o a través de personas relacionadas. Esta prohibición no incluye asuntos en que el beneficio que pueda recibir el Senador esté comprendido dentro del beneficio general a la comunidad o algún sector de esta”.

También la sección t), en la que se afirma que “los senadores deberán informar al Senado su decisión de abstenerse de participar en la consideración, discusión y aprobación de cualquier medida o asunto en el que ellos o cualquier miembro de su unidad familiar tengan interés económico o patrimonial alguno. Sin embargo, luego de explicar las circunstancias del alegado conflicto y el Cuerpo decide que la inhibición es improcedente, el Senador procederá a emitir su voto”.

Esta sección se trae, se sostuvo, porque si el senador Cruz Santiago decidiera al final abstenerse de votar en su propio proyecto, deberá indicar las razones. Por otro lado, esta sección recoge nuevamente la prohibición que se le hace a los senadores de “considerar, discutir y aprobar medidas o asuntos en el que ellos o cualquier miembro de su unidad familiar tengan interés económico o patrimonial alguno”, como es el caso del proyecto del “policía ambiental”, que lo beneficiaría a él y a su familia.

Por otro lado, agregó el informante, conocedor de asuntos de seguridad, el propio proyecto produce anomalías jurídicas difíciles de resolver. Se indicó que aunque Cruz Santiago quiere equiparar al Cuerpo de Vigilantes al nivel de los agentes del orden público estatales, como la Policía de Puerto Rico, al convertirlos en “policías ambientales”, y que se les considere parte del sistema de agentes del orden público, continuarían sin embargo estando bajo el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU), convirtiendo a estos agentes del orden público en los únicos unionados de todo el sistema de seguridad del país.

La ley en el país prohíbe a los policías sindicarse. Los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que ahora está bajo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), tampoco están unionados. Integrar una “policía ambiental” equiparada a los agentes del orden público crearía la anomalía de tener algunos cuerpos de seguridad unionados y otros no.

Igualmente, esta “policía ambiental” sería el único cuerpo de seguridad estatal que no esté bajo la sombrilla y mando del DSP. La excepción a esto es la Policía Municipal, la cual, no obstante, puede ser movilizada por orden ejecutiva e integrada al mando del DSP. Esa posibilidad no está contemplada en el proyecto de ley sometido.

En su proyecto, el senador Cruz Santiago amplía las funciones de esta nueva policía ambiental. En el artículo 5-A, sección (12) de la medida, agrega: “Velar por el estricto cumplimiento de la Ley Núm. 22 de 7 de Enero de 2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico conforme a las facultades que le son conferidas al Cuerpo”.

En el (13) añade: “Velar por el estricto cumplimiento de la Ley Núm. 404 del 11 de septiembre de 2000, según enmendada, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, conforme a las facultades que le son conferidas a los integrantes del Cuerpo como agentes de orden público”, y en el (14): “Velar por el estricto cumplimiento de cualquier ley, tanto estatal o federal, órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, ordenanzas municipales o cualquier otro estatuto en donde se designe a los Agentes como Agentes del Orden Público”.

También se encargarían los policías del DRNA implantar la ley de “salud ambiental” del Departamento de Salud, de la Oficina de Gerencia y Permisos (Ogpe), la Junta de Calidad Ambiental y cualquier otra agencia que administre leyes ambientales; así como tener acceso al Sistema DAVID, del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Actualmente, el Cuerpo de Vigilantes, muy parecidos a los guardabosques federales, son un cuerpo de vigilancia y conservación del ambiente. Con el proyecto se pretende “dotarlos de facultades adicionales y facilitarles la labor de vigilancia, conservación, prevención, investigación y custodia de los recursos naturales y el medio ambiente”.

Cruz Santiago y su mano derecha en la oficina senatorial Jeffrey Santos, quien es también un Vigilante del DRNA, aparecieron en una transmisión a través de Facebook informando que ellos y algunos otros confeccionaron el proyecto. Algunos comentarios en esa página los criticaron por haber dado crédito a la unión en la elaboración de la medida, “que no hizo nada y no ha hecho nada por los Vigilantes”, según se indica. INS

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