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Repudia el CAAPR ofensiva del gobierno contra sindicatos

San Juan, 24 jul (INS).- La consulta emitida por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, que declara inconstitucional el taller sindicado y las cláusulas de descuento de cuotas negociadas en los convenios colectivos viola las leyes que rigen las relaciones laborales, aseguró el lunes el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Alejandro Torres Rivera.

“Esto (ocurre) en abierta violación de las leyes que rigen las relaciones laborales que prohíben la intervención, restricción o ejercer coerción por parte de los patronos hacia sus empleados en el ejercicio de sus derechos sindicales”, manifestó el letrado, acompañado de dirigentes de diversas organizaciones sindicales, políticas y comunitarias.

La opinión de Vázquez Garced, a solicitud del secretario del Trabajo, Carlos Saavedra Gutiérrez, y la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH), Nydza Irizarry Algarín, promueve la desafiliación de los trabajadores públicos de los gremios a las que pertenecen.

Torres Rivera alertó, además, que esto propicia que se reúnan con los empleados con tal propósito sin la presencia del representante sindical o delegado.

“Aunque el memorando tuvo que ser modificado el 18 de julio a raíz de la denuncia de intervención formulada por los sindicatos, las enmiendas no subsanan la violación por parte del gobierno con los derechos de los empleados sindicalizados o agrupados en organizaciones bona fide de empleados públicos”, dijo el presidente de los abogados y abogadas colegiados.

Acusó al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares de promover, amparado en la decisión judicial del caso Janus v. Afscme, la desafiliación de los empleados públicos unionados como parte de un plan con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Para esto, la secretaria de Justicia se ha amparado en su interpretación sobre el alcance de los derechos de expresión y asociación contemplados en la Primera Enmienda de la constitución federal.

“La decisión del tribunal dispone que aquellos empleados públicos que no deseen permanecer afiliados a un sindicato no vienen obligados al pago de un cargo por servicios en favor del mismo; resuelve que la autorización para el descuento de cuotas no se presume, sino que debe ser expreso; y a pesar de que tales empleados siguen formando parte de la unidad apropiada y cubiertos por el convenio que haya negociado la unión con su patrono”, ilustró Torres Rivera, flanqueado por Javier Córdova Iturregui, de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), y Mariana Nogales Molinelli, presidenta de la Comisión Derechos de la Mujer del CAAPR.

Afirmó en que “la no afiliación supone que el sindicato no viene obligado a representarle sindical ni legalmente, y de hacerlo, tiene el derecho al cobro de una suma razonable de dinero por tal representación sindical o legal”.

El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán, refirió que hay un propósito de coacción a los empleados públicos, porque los trabajadores saben la importancia de las uniones, de ahí que de 12 mil afiliados a la unidad apropiada solo unos 200 se mantienen excluidos.

“Más allá de una intimidación, esto es una violación a la relación de los unionados con sus organizaciones”, expresó la licenciada Mariana Iriarte al sostener que nada de estos tiene que ver con el caso Janus, porque detener el cargo por servicio era legal en los últimos 40 años.

Nogales Molinelli destacó, en tanto, la importancia de un movimiento obrero fuerte y sólido en la lucha contra la imposición de una junta de control fiscal y el reclamo por la auditoría de la deuda pública, la protección del ambiente y la salud, como también en su interacción con las luchas comunitarias.

Igualmente destacó la importancia de los sindicatos en el proceso de reconstrucción del país luego del paso del huracán María.

La economista Martha Quiñones Domínguez dijo que hay que plantearse “cuánto nos va a costar a cada uno de nosotros si no podemos contar con los sindicatos: perder derechos, el trabajo, una mujer por estar embarazada puede ser despedida”.

“El gobierno tiene tranquilla con los sindicatos, con los maestros, porque están organizando a las comunidades para proteger las escuelas”, adujo la profesora de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

Durante la rueda de prensa también estuvieron Roland Vázquez (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Josué González (Unión Americana de Libertades Civiles), Francisco Santiago (Movimiento Independentista Nacional Hostosiano), Juan Camacho (Pueblo Unido contra la venta y privatización de servicios públicos), Héctor Alejandro (Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda), Rafael Bernabe (Partido del Pueblo Trabajador), Juan B. Fernández (Alianza Libre Asociación Soberana), Ariel Aulet (PROSOL-Utier), María de Lourdes Gutiérrez (Movimiento Unión Soberanista) y Ana Irma Rivera Lassen (Vamos Puerto Rico). INS